La actividad área de siembra, fertilización y aplicación de fitosanitarios ha crecido de la mano de controversias ambientales, regulaciones contradictorias y competencias desleales, que tienen al aeroaplicador en el ojo de la tormenta.
La aereoaplicación es de esos servicios que tienen su licencia social siempre cuestionada. Las actividades aéreas de siembra y de aplicación de fertilizantes y de fitosanitarios han crecido como mecanismos de producción cada vez más utilizados por los productores agropecuarios, en el medio de un nuevo paradigma social que se sostiene en dos grandes máximas irrefutables: el cuidado de la salud de las personas y el resguardo del medio ambiente producido.
La clave está puesta entonces para los aeroaplicadores bonaerenses, nucleados en la Cámara provincial, en contar bien para despejar dudas cómo realizan su trabajo y que tipo de resguardo toman para que se realice sin riesgos. Es fundamental dentro de su visión llegar con mensajes claros a sus clientes, a las comunidades, a los entes reguladores y a los medios de comunicación.
Para Victor Piñeyro ingeniero agrónomo y asesor de la Cámara de Aeroaplicadores de la provincia de Buenos Aires “estas inquietudes son genuinas y es natural que así sea, por eso priorizamos todas las acciones que están englobadas dentro de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas que implican revisar todos los procesos internos de las empresas, instalaciones, procedimientos, aeronaves y, en el caso más extremo, buscar cada vez más certificaciones”.
“El conflicto en general es movido por preocupaciones genuinas, pero desde ahí muchos sectores toman estos temas por cuestiones políticas. Acá no es nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Desde la Cámara no justificamos nada que no tenga que ver con hacer lo que no se deba hacer”, dice Piñeyro.
La siembra, la fertilización y la aplicación de fitosanitarios de manera aérea está regulada por la Administración de Nacional de Aviación Civil (ANAC) como autoridad aeronáutica, que finalmente autoriza a volar a quienes realizan un trabajo aéreo. “Esta es una regulación nacional, luego hay regulación provincial con sus normativas que incluye, por ejemplo, la imposibilidad de que los aviones apliquen fitosanitarios a menos de 2.000 metros de los sitios poblados”, explica Piñeyro. Dentro de los 130 partidos que comprenden a la provincia de Buenos Aires, 108 tienen territorio rural y cada uno también tiene su propia situación regulatoria. “A veces algunos partidos no tienen reglamentaciones claras, a veces la localidad cabecera de partido tiene otra distinta en relación al resto del distrito. Y muchas veces estas normativas se dirimen en cuanto a lo que decidan o se pongan de acuerdo los espacios ambientalistas con el sector productivo. Y a todo esto hay que agregarle la decisión de la Justicia, que viene accionando con fallos que imponen restricciones por arriba de las normativas que el propio municipio dispone, como es el caso de Pergamino y de Tandil”.
“El conflicto en general es movido por preocupaciones genuinas, pero desde ahí muchos sectores toman estos temas por cuestiones políticas”.
La lucha por el espacio aéreo regulado
La utilización de la siembra es una de las actividades que más ha crecido en el rubro de las aeroaplicaciones de la mano del aumento de los cultivos de cobertura y empujado por la necesidad de tener el suelo siempre verde con un cultivo sembrado, a los efectos de controlar la erosión, las malezas y los nutrientes.
“Aun con los maíces en pie sin cosechar gracias a la siembra área ya se puede comenzar a sembrar cultivos invernales como, por ejemplo, la avena. De modo que cuando se cosecha, ya debajo hay un cultivo de cobertura implantado con varias semanas de crecimiento. Esto lo puede ofrecer solo un avión, y es un aporte fundamental para la sustentabilidad. Este sistema comenzó a prosperar en los últimos 3 años y ha crecido un 20% como siembra en los campos”, dice Piñeyro. Además estas empresas también siembran pasturas y verdeos destinados a la suplementación ganadera en épocas como el otoño o el inverno.
Otro punto que también ha crecido en demanda es la aplicación de fertilizantes, y la ventaja de no entrar en el cultivo y se no generen perdidas de plantas por pisoteos.
En este contexto donde una empresa de aeroaplicaciones es de multiservicio es lógico que entonces que se afinen los cuidados de las instalaciones, la capacitación del personal y se estipule una lista de procedimientos de carga del avión, etiquetado de envases, de preparación de las mezclas y, por supuesto, de seguridad e higiene.
En esa línea la Cámara, son sede en Bragado, se puso al hombro el objetivo de certificar de la mano de terceras partes neutrales la actividad de varias empresas a partir del 2019. Hoy hay siete empresas ya certificadas por IRAM y apuntan a diez en el corto plazo. “Son las únicas del país que obtuvieron esta certificación para la aplicación de fitosanitarios”, se entusiasma Piñeyro.
El lado B de la aeroaplicación
Para Piñeyro los aeroapliadores que cumplen con todos los requisitos tienen un gran competidor: el que nos los cumple. “Existe un amplio abanico de empresas que están por fuera del marco regulatorio, y esas empresas tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios a un valor más económico porque tiene menos costos al no estar regulados. Y el error es cuando el productor contrata este tipo de servicio solo pensando en la tarifa, nuestro objetivo es que solamente puedan trabajar las empresas que están reguladas para que no se incremente la competencia desleal”.
Además se dan otras situaciones que espantan a los que hacen las cosas bien. “Los productores no están acostumbrados a pedir a un ingeniero agrónomo las recetas fitosanitarias para las aplicaciones, entonces muchas veces solicitan un trabajo sin contar con la receta y eso obliga al aeroaplicador que hace bien las cosas a que se rechace el trabajo”, sintetiza el asesor.
